La de Hoy Querétaro
La Administración del presidente estadounidense Donald Trump se prepara para congelar ayudas federales por un monto cercano a los 10.000 millones de dólares destinadas a programas de servicios sociales en cinco estados gobernados por demócratas: Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, en medio de una creciente polémica por presuntos fraudes millonarios en programas de guarderías en Minnesota.
La suspensión de los fondos, ya confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, afectará principalmente a partidas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), por alrededor de 7.000 millones de dólares; al Fondo de Desarrollo del Cuidado Infantil, con unos 2.400 millones, así como a otras subvenciones de servicios sociales que suman aproximadamente 870 millones de dólares.
La medida se enmarca en un escándalo por supuestos esquemas de fraude vinculados a programas de cuidado infantil financiados con recursos federales en Minnesota, los cuales se encuentran bajo investigación. De acuerdo con fuentes federales, las irregularidades detectadas habrían implicado el desvío de millones de dólares a través de guarderías que operaban de manera fraudulenta.
La controversia ya ha tenido repercusiones políticas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2024, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato al frente del estado, en una decisión que se produce en medio de la presión derivada del escándalo.
La Casa Blanca ha intensificado su ofensiva contra estos presuntos fraudes tras la difusión, en diciembre, de un video publicado por Nick Shirley, un youtuber conservador con cerca de un millón de seguidores, en el que documenta una visita a Minnesota para investigar las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos.
Desde el Gobierno federal se ha insistido en que la congelación de recursos busca proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que los programas sociales operen sin corrupción, mientras que autoridades estatales y líderes demócratas han acusado a la Administración Trump de utilizar el caso con fines políticos y de castigar de manera generalizada a poblaciones vulnerables.
