La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, así como los planes del gobierno de Donald Trump para “administrar” el país sudamericano, abrieron un amplio debate sobre la legalidad de las acciones estadounidenses y sus implicaciones en el derecho internacional.
Maduro fue detenido tras una incursión sorpresa de fuerzas estadounidenses en Caracas, que incluyó bombardeos nocturnos, y era trasladado en un buque de guerra a Nueva York para enfrentar cargos por conspiración de narcoterrorismo. Para expertos jurídicos, el hecho rebasa incluso los antecedentes históricos más agresivos de Washington contra gobiernos autocráticos, como Panamá en 1989 o Irak.
“Esto es claramente un acto ilegal y criminal flagrante”, afirmó Jimmy Gurulé, profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame y ex subsecretario de Justicia de Estados Unidos. En el mismo sentido, Mark Nevitt, exabogado de la Marina estadounidense y profesor en la Universidad de Emory, sostuvo que no existe “ninguna base legal para entrar a otro país y capturar a un presidente sin un tratado de extradición”.
La detención de Maduro se produce tras meses de acciones militares estadounidenses en la región, que incluyen bombardeos contra embarcaciones señaladas por Washington como vinculadas al narcotráfico y la incautación de buques petroleros frente a las costas venezolanas. De acuerdo con datos citados por expertos, desde septiembre Estados Unidos ha realizado 35 ataques militares conocidos, con un saldo de más de 115 personas muertas.
Para Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos, tanto la captura de Maduro como los ataques previos constituyen una clara violación del derecho internacional.
Un arresto con paralelos históricos
El arresto del mandatario venezolano ocurrió 36 años después de la rendición de Manuel Noriega, tras la invasión de Panamá en 1989. Sin embargo, los especialistas subrayan una diferencia clave: en aquel caso, Estados Unidos argumentó intereses directos de seguridad nacional ligados al Canal de Panamá y a la protección de ciudadanos estadounidenses.
En contraste, el Congreso de Estados Unidos no ha autorizado ninguna acción militar ni judicial contra Venezuela, lo que agrava el cuestionamiento legal. Aunque los tribunales estadounidenses han mostrado históricamente deferencia hacia el Poder Ejecutivo en asuntos de seguridad nacional, Gurulé advirtió que esa deferencia “no es absoluta ni implica autoridad sin restricciones”.
Congreso en la mira
La administración Trump sostiene que los cárteles de droga que operan desde Venezuela son combatientes ilegales y que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con ellos, según un memorando gubernamental obtenido por The Associated Press. Para analistas, esta postura representa una expansión sin precedentes de los poderes de guerra presidenciales, al equiparar el narcotráfico con un conflicto armado internacional.
Schmitt fue contundente al señalar que, desde el punto de vista jurídico, “no hay otra forma de describir lo que ha ocurrido más que como un estado de guerra entre Estados Unidos y Venezuela”.
Los líderes del Congreso fueron notificados de las operaciones una vez iniciadas, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, informó que se preparan sesiones informativas para los legisladores. No obstante, demócratas advirtieron que ignorar el Estado de derecho podría sentar un precedente peligroso a nivel global.
“El poder de Estados Unidos proviene de su compromiso con el Estado de derecho y las normas democráticas”, afirmó el senador Mark Warner, presidente demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado. “Cuando abandonamos esos principios, debilitamos nuestra credibilidad y ponemos en riesgo la estabilidad global”.
Para la próxima semana, se prevé que el Senado estadounidense vote una resolución bipartidista sobre poderes de guerra, que buscaría bloquear cualquier uso de fuerzas militares contra Venezuela sin autorización expresa del Congreso.
