Un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó a un senador estatal de California luego de que este afirmara, de manera incorrecta, que el estado ya había comenzado a aplicar una prohibición al uso de mascarillas por parte de agentes federales de inmigración.
Jesús Osete, segundo funcionario de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, señaló que la administración del gobernador Gavin Newsom acordó ante los tribunales suspender temporalmente la aplicación de dicha prohibición mientras se resuelve la demanda federal interpuesta en su contra.
El señalamiento respondió a un video difundido por el senador estatal Scott Wiener, de San Francisco, aspirante a suceder a la representante Nancy Pelosi, en el que aseguró que la prohibición ya estaba en vigor. “Eso no es lo que @CAgovernor le dijo a un juez federal”, escribió Osete en la red social X.
La administración Trump presentó en noviembre una demanda contra California al argumentar que dos leyes estatales, incluida la llamada Ley contra la Policía Secreta impulsada por Wiener, violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense, que establece que la legislación federal prevalece sobre la estatal en caso de conflicto.
La Ley contra la Policía Secreta busca impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen mascarillas en determinadas circunstancias, tras operativos migratorios de alto perfil en los que algunos agentes ocultaron totalmente su identidad con pasamontañas.
Como parte del litigio, el gobierno de California aceptó en diciembre suspender la aplicación de la prohibición mientras el tribunal analiza el fondo del caso. Pese a ello, Wiener afirmó públicamente que la ley entró en vigor el 1 de enero y que ya es ilegal que agentes federales se cubran el rostro en el estado.
Un juez federal analiza actualmente la solicitud del gobierno federal para imponer una orden judicial preliminar contra la ley. La audiencia está programada para el 12 de enero, y una decisión podría emitirse poco después.
Bill Essayli, fiscal federal adjunto en el distrito central de California, también desmintió al senador, al afirmar que el estado no tiene autoridad para regular la actuación de agentes federales y que la ley estatal viola la Cláusula de Supremacía. Añadió que California se comprometió a no aplicar la norma mientras se resuelve el litigio.
Wiener respondió con descalificaciones hacia Essayli y sostuvo que, aunque la aplicación esté suspendida, la ley sigue vigente y que los agentes federales podrían enfrentar demandas civiles en California por cubrirse el rostro.
El gobierno estatal ha defendido la legislación al argumentar en documentos judiciales que agentes armados y enmascarados realizaron detenciones que generaron temor entre la población, al no poder distinguir si se trataba de autoridades legítimas o de impostores. La demanda federal, sostienen los fiscales estatales, altera el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados.
