Una ola de activistas feministas y organizaciones de derechos reproductivos encendió las alertas en Puerto Rico tras la decisión de la gobernadora Jenniffer González de convertir en ley una medida que reconoce al no nacido como persona natural, una acción que, advierten, podría abrir la puerta a la criminalización del aborto y a restricciones indirectas al derecho a decidir.
Alondra del Mar Hernández, abogada afrofeminista e integrante de Aborto Libre Puerto Rico, sostuvo que la nueva legislación será utilizada como “una herramienta de manipulación”, particularmente en contra de las mujeres. A su juicio, la enmienda al Código Civil, que define como persona natural al ser humano en gestación desde cualquier etapa dentro del útero, contiene un claro indicio de criminalización.
Aunque el aborto continúa siendo legal en Puerto Rico, expertos recuerdan que, a diferencia de Estados Unidos —donde el derecho fue revertido en 2022 con la anulación de Roe vs. Wade—, en la isla el acceso al aborto está protegido por el derecho constitucional a la intimidad. Sin embargo, Hernández advirtió que el reconocimiento de personalidad jurídica al no nacido podría tener efectos colaterales en ámbitos como derechos laborales, patrimoniales y donaciones, sentando precedentes jurídicos que erosionen el acceso al aborto.
Patricia Otón, también abogada y miembro de Aborto Libre Puerto Rico, denunció que la medida fue aprobada de manera apresurada y sin vistas públicas, pese a su impacto transversal en distintas áreas del derecho. Señaló además que este tipo de legislación ya existe en estados estadounidenses con fuertes restricciones al aborto, como Georgia, Texas u Ohio, donde el reconocimiento de personalidad jurídica al no nacido ha servido como base para endurecer las leyes.
Desde el ámbito político, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, criticó que la ley representa “un tramo más en el camino hacia la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida”.
Previo a la firma, más de 320 médicos y profesionales de la salud solicitaron a la gobernadora que vetara el proyecto, al considerar que ponía en riesgo la vida de mujeres y personas gestantes. En una carta pública, advirtieron sobre posibles consecuencias graves en la práctica médica, especialmente en casos de emergencias como embarazos ectópicos, hemorragias o diagnósticos de cáncer durante el embarazo.
A las preocupaciones legales se suman las limitaciones materiales. Hernández subrayó que, aunque el aborto es legal, su acceso es restringido por los altos costos y la escasez de clínicas, ya que solo existen cuatro en toda la isla, todas concentradas en el área metropolitana.
Mayra Díaz, directora del Colectivo Ilé, añadió que las condiciones para gestar y parir en Puerto Rico son precarias. Denunció la falta de salas de parto en numerosos municipios —incluida la isla de Vieques— y la persistencia de la violencia obstétrica, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una forma de violencia física y psicológica contra las mujeres.
Para Díaz, resulta contradictorio que, bajo el discurso de defensa de la vida, se promuevan leyes que continúan criminalizando a las personas con capacidad de gestar, en lugar de atender las carencias estructurales del sistema de salud y garantizar condiciones dignas y seguras para el embarazo y el parto.
