Durante más de un siglo, el cable de cobre ha sido esencial para la red eléctrica y de comunicaciones de Estados Unidos. Hoy, su encarecimiento ha detonado una ola de robos que compromete servicios críticos, eleva costos públicos y expone fallas estructurales en la protección de infraestructura.
El precio del cobre alcanzó máximos históricos en 2025, impulsado por la expansión de centros de datos y la especulación por posibles aranceles del gobierno de Donald Trump. En lo que va del año, el metal acumula alzas superiores al 30%. El incentivo económico ha derivado en robos a plena luz del día: líneas telefónicas cortadas desde techos de vehículos, alcantarillas abiertas para extraer cableado y cajas de alto voltaje vandalizadas.
Las consecuencias son directas y medibles: carreteras y puentes sin iluminación, semáforos fuera de servicio, llamadas al 911 que no conectan y costos de reposición trasladados a los usuarios. Entre junio de 2024 y junio de 2025 se registraron más de 15 mil ataques destructivos a redes de comunicación domésticas; 9.5 millones de clientes resultaron afectados. California y Texas concentraron más de la mitad de los incidentes.
Los Ángeles se consolidó como uno de los principales focos. La ciudad enfrenta apagones recurrentes en alumbrado público y daños millonarios. El Puente de la Sexta Calle, inaugurado en 2022 como emblema urbano, permanece a oscuras tras el robo de más de 11 kilómetros de cable de cobre, con pérdidas estimadas en 2.5 millones de dólares. Los apagones vinculados a robos y vandalismo se multiplicaron por diez entre 2017 y 2022.
La Policía de Los Ángeles reconoce la frecuencia diaria de los delitos y la dificultad para rastrear cobre desnudo. Sitios de construcción —incluida la reconstrucción tras incendios recientes— son blancos habituales. El impacto financiero para la ciudad supera con creces el beneficio marginal de los ladrones.
La alcaldía de Los Ángeles calificó el fenómeno como una amenaza a la seguridad pública y anunció la expansión de farolas solares sin cableado de cobre. A nivel estatal, California endureció penas y reforzó controles sobre recicladoras; otras 12 entidades aprobaron leyes similares en 2025.
Las telecomunicaciones enfrentan una presión adicional. AT&T reportó 2,200 incidentes en California en 2024, frente a 71 en 2021, y destinó más de 60 millones de dólares a mitigar robos el último año. La transición a fibra óptica avanza, pero mientras existan líneas de cobre activas, la vulnerabilidad persiste. Los cortes indiscriminados —cobre o fibra— amplifican las interrupciones.
El saldo es estructural: un mercado de metales al alza, una red crítica expuesta y costos sociales inmediatos. La respuesta legislativa y tecnológica avanza, pero el daño operativo continúa acumulándose.
