La propuesta de implantar un logo de advertencia para los alimentos ultraprocesados —comparados recientemente con el tabaquismo por sus efectos nocivos en la salud— ha abierto en Francia un nuevo frente en la batalla por la salud pública, con un choque directo entre la comunidad científica y la agroindustria.
El distintivo, un recuadro negro inédito en Europa para este tipo de productos, fue diseñado por el Inserm, el organismo público francés dedicado a la investigación en salud humana. Su objetivo es complementar al Nutriscore, el sistema de etiquetado tipo semáforo adoptado de forma voluntaria por las marcas desde 2017, que clasifica la calidad nutricional de los alimentos en cinco niveles.
“Si el Nutriscore ya fue difícil de implantar por la oposición de la agroindustria, una etiqueta sobre los ultraprocesados lo es todavía más, porque afecta directamente a los secretos de fabricación. Queremos que se comuniquen las dosis de aditivos”, denunció Mathilde Touvier, investigadora del Inserm y responsable del programa Nutriscore en Francia.
Desde su despacho en la Universidad París 13, Touvier mostró a EFE el prototipo del nuevo logo, que aún espera la validación de las autoridades francesas. Según explicó, los grupos de presión del sector agroalimentario intentan enfrentar ambos sistemas de etiquetado: “Dicen que juntos no tienen sentido, cuando en realidad van en la misma dirección, en favor de la salud pública”.
La iniciativa del Inserm llega poco después de la publicación en la revista científica The Lancet de un estudio internacional firmado por 43 expertos, que concluye que los alimentos ultraprocesados constituyen un problema de salud pública de primer orden, con claros paralelismos con el tabaquismo.
El trabajo describe a estos productos —conocidos como UPF por sus siglas en inglés— como elaborados a partir de ingredientes baratos y potencialmente nocivos, ricos en sal, azúcares y grasas poco saludables, y pobres en fibra y proteínas. Los autores reclaman que se regulen de manera similar al tabaco, al existir evidencia científica que vincula su consumo con mayores tasas de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
El debate sobre la definición de ultraprocesado
Uno de los principales puntos de fricción es la definición misma de “ultraprocesado”, basada en la clasificación NOVA impulsada por el epidemiólogo brasileño Carlos Monteiro. Esta categorización es cuestionada por los lobbies de la agroindustria, que se apoyan en dictámenes de agencias nacionales de seguridad alimentaria.
La Asociación Nacional de las Industrias Alimentarias de Francia (ANIA), principal grupo de presión del sector, sostiene que los criterios de NOVA “son a veces contradictorios y carecen de precisión”. En declaraciones a EFE, la ANIA citó un dictamen publicado en enero de 2025 por la ANSES, anterior al estudio de The Lancet.
El sector industrial también se apoya en los trabajos de la investigadora Véronique Braesco, exmiembro del Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) y actual asesora de empresas alimentarias. Según esta postura, la clasificación NOVA “no se basa en ningún algoritmo ni esquema de decisión claro”, lo que permitiría clasificaciones dispares de un mismo producto y la haría, a su juicio, inoperante como herramienta regulatoria.
La ANSES reconoce ciertos “límites” en la clasificación NOVA, pero subraya la necesidad de profundizar en dos hipótesis clave: su relación con la obesidad y la posibilidad de que los procesos industriales generen “nuevas sustancias potencialmente nocivas” para la salud.
El pulso político por el Nutriscore
Mientras el debate sobre el logo para ultraprocesados apenas comienza, el del Nutriscore ya ha escalado al terreno político. La Asamblea Nacional y el Senado franceses analizaron recientemente una propuesta —incluida en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social— para hacer obligatorio este etiquetado en todos los productos. La iniciativa fue rechazada por un margen mínimo en la votación final de la Cámara Baja.
“Perdimos una batalla, pero no la guerra”, afirmó Touvier, quien adelantó que se buscará reintroducir la medida mediante nuevas proposiciones legislativas. El proyecto original contemplaba incluso sanciones de hasta el 5 % de los ingresos para las empresas que no aplicaran el Nutriscore.
De haberse aprobado, Francia se habría convertido en el primer país europeo en imponer de forma obligatoria este sistema de etiquetado, que en los otros seis países donde se utiliza —entre ellos España— sigue siendo voluntario.
