Los abogados de Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, presentaron una nueva moción en la que aseguran que la solicitud de la pena de muerte está viciada por un presunto “conflicto de intereses” que involucra a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a la empresa matriz de la aseguradora.
La defensa, encabezada por los abogados Karen y Marc Agnifilo, sostiene que antes de asumir como fiscal general en 2025, Bondi fue socia de la firma de lobby Ballard Partners, la cual mantiene como “cliente habitual” a UnitedHealth Group, corporativo del que dependía UnitedHealthcare.
De acuerdo con el documento judicial, Bondi continuaría recibiendo “beneficios personales” de Ballard Partners mediante un acuerdo de participación en las ganancias de la firma, derivadas de su relación profesional con todos sus clientes, entre ellos UnitedHealth.
“Cuando Bondi dejó Ballard Partners para convertirse en fiscal general en 2025, la primera persona que seleccionó personalmente para ser ejecutado fue el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de su antiguo cliente”, señalan los Agnifilo en la moción.
La defensa argumenta que este vínculo financiero representa un conflicto de intereses que debió obligar a Bondi a excusarse de cualquier decisión relacionada con el caso, ya que pone en riesgo el derecho de Mangione al debido proceso. Además, subrayan que la fiscal general realizó declaraciones públicas en las que sugirió que el acusado merecía la pena capital.
En particular, citan afirmaciones de Bondi en las que calificó el asesinato de Brian Thompson como un acto premeditado y cometido “a sangre fría”.
Ante ello, los abogados solicitaron nuevamente al tribunal que se invalide la posibilidad de imponer la pena de muerte, así como que se desestimen dos de los cargos y diversas pruebas y declaraciones presentadas por la fiscalía.
Mangione, de 27 años, tiene programada una nueva audiencia en su proceso federal el próximo 9 de enero en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Además, enfrenta un procedimiento estatal en la ciudad de Nueva York y otro juicio en Pensilvania relacionado con la posesión de armas de fuego.
