Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, presentaron una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para impugnar la sentencia que cumple en Estados Unidos por narcotráfico, al alegar violaciones al debido proceso y abuso de discreción judicial.
García Luna, quien ocupó el cargo durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), fue condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión y al pago de dos millones de dólares de multa, tras ser hallado culpable de delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado —en particular con el Cártel de Sinaloa— y falso testimonio ante autoridades estadounidenses.
La apelación, integrada por un documento de 78 páginas y anexos, fue presentada el jueves y solicita la anulación de la condena o, en su caso, la celebración de un nuevo juicio. La defensa sostiene que el tribunal negó indebidamente una audiencia para revisar el fallo, validó testimonios sin credibilidad y valoró de manera incorrecta las pruebas presentadas.
“El castigo impuesto fue procedimental y sustancialmente irrazonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para cumplir los fines de la sentencia”, argumenta el recurso, de acuerdo con reportes judiciales.
Entre los señalamientos, los abogados afirman que se les impidió interrogar a testigos clave, que se ocultó evidencia exculpatoria y que el proceso estuvo “irremediablemente contaminado”, vulnerando el derecho a un juicio justo. También cuestionan la admisión de pruebas que, aseguran, no guardaban relación directa con los delitos imputados, como fotografías de propiedades del acusado.
La condena fue impuesta por el juez federal Brian Cogan, quien también presidió el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Durante la lectura de sentencia, el magistrado afirmó que García Luna llevó “una doble vida”.
El exfuncionario, declarado culpable en febrero de 2023, cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Las resoluciones sobre apelaciones en ese circuito suelen tardar entre seis meses y dos años.
