La regidora Paulina Aguado votó en contra del Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026, al advertir inconsistencias en la asignación de recursos, falta de ejecución de obras y un crecimiento desmedido de la burocracia municipal, durante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 19 de diciembre.
En su posicionamiento, Aguado sostuvo que el análisis presupuestal no debe limitarse al monto global aprobado, sino a la forma en que se distribuyen y ejercen los recursos públicos. Señaló que el presupuesto destinado a seguridad pública presenta un incremento de apenas 977 mil pesos, cifra que calificó como insuficiente frente a las condiciones actuales del municipio.
La regidora también cuestionó la asignación de 806 millones de pesos al rubro de “otros servicios” sin un desglose claro, así como la destinación de 160 millones de pesos a comunicación social y 235 millones de pesos a “servicios oficiales”. A ello sumó que más de mil 74 millones de pesos previamente aprobados para obra pública no han sido ejecutados y que no se incluyen los mil millones de pesos comprometidos por el alcalde para obras de drenaje.
Asimismo, advirtió que diversos proyectos anunciados públicamente no cuentan con respaldo presupuestal, entre ellos la creación de un teleférico, la remodelación del lienzo charro, el rescate del Teatro Hércules, la creación de la Delegación Jurica, la implementación de transporte eléctrico en el Centro Histórico y el apoyo para la nueva catedral.
En otro punto de su intervención, Aguado alertó sobre el crecimiento de la estructura administrativa municipal, al señalar que actualmente el municipio opera con 24 secretarías, 12 más que en la administración anterior, y que Querétaro mantiene la nómina más cara del país en puestos directivos, con un costo aproximado de 260 millones de pesos anuales.
La regidora también criticó la falta de apertura de las sesiones de Cabildo, al considerar que se han vuelto menos accesibles para la ciudadanía, pese a que deberían ser espacios públicos y transparentes.
Finalmente, como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Niñez y la Adolescencia, propuso que cada secretaría con impacto social destine al menos el 15 por ciento de su presupuesto a acciones dirigidas a la niñez y la adolescencia, con el objetivo de reorientar el gasto público hacia sectores prioritarios y con una visión de largo plazo.
