Las empresas del sector eléctrico en México encendieron alertas tras la publicación de un borrador de propuesta gubernamental que las obligaría a vender electricidad exclusivamente a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que, en los hechos, podría abrir la puerta a una toma de control gubernamental de plantas privadas de generación.
El documento, difundido el 5 de diciembre como parte de un proceso de consulta pública previo a su publicación en el Diario Oficial, plantea modificar la regulación vigente para los productores independientes de energía. Actualmente, estos generadores pueden vender electricidad a la CFE mediante contratos de largo plazo y, una vez concluidos, migrar al mercado eléctrico mayorista. La nueva versión obligaría a vender únicamente a la CFE durante un periodo de cinco años.
El esquema vigente reconoce la propiedad privada de los activos de generación. Sin embargo, el borrador introduce la opción de que la CFE adquiera dichos activos sin costo alguno. La única vía para que los productores eviten la aplicación de estas reglas generales sería negociar nuevos permisos directamente con el gobierno.
La Secretaría de Energía declinó hacer comentarios sobre la propuesta.
En una carta presentada como comentario público, la Asociación Mexicana de Energía advirtió que, mientras las reglas anteriores no imponían la transferencia de activos, las nuevas disposiciones podrían configurarse como una expropiación indirecta. Los productores independientes representan alrededor de una quinta parte de la capacidad operativa de generación eléctrica en el país.
Las nuevas reglas se enmarcan en la reforma constitucional aprobada en octubre de 2024 que anuló regulaciones previas del sector eléctrico. Las directrices publicadas en diciembre forman parte de los pasos para instrumentar esa reforma en la práctica.
Analistas señalan que la propuesta, en su forma actual, podría afectar a empresas extranjeras con operaciones en México y vínculos con Estados Unidos y Canadá, lo que abriría la puerta a reclamos por violaciones al acuerdo comercial T-MEC. Entre las compañías con permisos como productores independientes figuran AES Energy, Naturgy Energy Group, Mitsubishi Power, Acciona y Saavi Energía.
Pablo Zarate, director general sénior en FTI Consulting, afirmó que México enfrenta un equilibrio complejo entre el control estatal y los derechos de los inversionistas, especialmente en activos heredados del sector energético. Advirtió que estas regulaciones preliminares evidencian esa tensión y, de no corregirse, podrían activar mecanismos de solución de controversias bajo el T-MEC y otros tratados de inversión.
Texto elaborado para La de Hoy Querétaro.
