El gobierno de Donald Trump abrió una nueva fase en la militarización de la frontera sur al transferir al Departamento de la Armada la jurisdicción sobre la mayor parte de la línea internacional de California con México. La decisión, formalizada por el Departamento del Interior, amplía el esquema iniciado en abril en Nuevo México y posteriormente extendido a Texas y Arizona.
La autoridad se sustenta en la emergencia nacional declarada por Trump en su primer día de mandato. Con ello, largos tramos quedaron bajo supervisión directa de bases militares, habilitando a tropas estadounidenses para detener a personas que crucen de forma irregular y sorteen la prohibición legal que impide a las fuerzas armadas participar en tareas de aplicación de la ley civil.
El gobierno justificó la medida al calificar la franja californiana como un punto de alta actividad migratoria, pese a que los arrestos en toda la frontera sur registran su nivel más bajo desde la década de 1960, en el marco de deportaciones masivas.
La nueva zona militarizada se extiende desde los límites con Arizona hasta la Reserva Natural Otay Mountain, pasando por Imperial Valley y comunidades como Tecate, California. Más de 7 mil soldados, junto con helicópteros, drones y equipos de vigilancia, ya operan en la región.
Las zonas permiten detener a migrantes u otras personas acusadas de ingresar sin autorización a instalaciones del Ejército, Fuerza Aérea o Armada. Quienes sean aprehendidos pueden enfrentar cargos penales adicionales y penas de prisión. El gobierno federal sostiene que estas áreas cierran brechas operativas y fortalecen las acciones contra redes de tráfico humano y cárteles.
En paralelo, un juez federal ordenó suspender el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de esos efectivos al estado, tras la demanda presentada por el gobierno de Gavin Newsom.
