La abogada del gobierno sabía lo que iba a pasar mientras se encontraba de pie en la sala del tribunal y enviaba un mensaje de texto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que esperaba en un pasillo a pocos metros de distancia.
“No puedo con esto”, dijo la abogada en un mensaje de texto mientras revisaba su lista de casos. “Esto es una carga emocional nueva”.
“Lo entiendo”, respondió el agente. “Espero que nos encontremos nuevamente en mejores circunstancias”.
A poca distancia, un cubano que había vivido en Estados Unidos durante años, salió de un ascensor y entró en la sala del tribunal donde la abogada del gobierno lo esperaba para lo que el hombre creía que era una audiencia de rutina.
El hombre hacía lo que le exigía la ley y acudió acompañado de su esposa, quien es residente legal, y su bebé de 7 meses de edad.
Fue entonces que la abogada presentó rápidamente una moción para desestimar la solicitud de asilo del hombre, y que un juez concedió, lo que lo hizo elegible para una “deportación expedita”. Al salir del juzgado, el hombre se vio rodeado por agentes de inmigración vestidos de civil que lo habían estado vigilando. Se produjo un forcejeo y desde el pasillo podían escucharse los gritos de la esposa mientras la abogada pasaba al siguiente caso.
El agente respondió cuatro minutos después: “Lo tenemos”.
Escenas similares de arrestos en juzgados se repiten en todo Estados Unidos como parte de una reforma de los tribunales de inmigración bajo el mandato del presidente Donald Trump, a medida que se ejecuta su agenda de deportaciones a gran escala con tácticas inusualmente agresivas.
La promesa de campaña de Trump de endurecer las restricciones migratorias fue una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato. Ahora que los estadounidenses han visto cómo se implementa su plan, hay indicios de que muchos piensan que se ha excedido. Alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según una encuesta realizada este mes por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.
A lo largo de varios meses, periodistas de The Associated Press observaron procedimientos judiciales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias terminaron repetidamente con los casos siendo desestimados por parte del gobierno, permitiendo que agentes federales vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos de los juzgados en estrecha coordinación con los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).
The Associated Press tuvo acceso a capturas de pantalla de mensajes de texto de un funcionario del gobierno quien, por temor a represalias, las proporcionó bajo condición de anonimato. Los mensajes ofrecen una perspectiva poco común de cómo los 75 tribunales de inmigración del país dictan resoluciones como si estuvieran en una línea de ensamblaje, y la manera en que, para muchas personas, los juzgados se han convertido en una trampa para las deportaciones.
