La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó siete de los nueve amparos promovidos por empresas del Grupo Salinas, con lo que quedaron firmes las sentencias que ordenan cubrir adeudos fiscales acumulados entre 2008 y 2013, incluidos ISR y multas determinadas por Hacienda. La resolución afirma que los recursos carecen de relevancia constitucional y no admite nuevas impugnaciones.
El fallo deja abierta únicamente la posibilidad de que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego negocie con el SAT, aunque la relación entre ambas partes se ha deteriorado en medio de disputas fiscales, acusaciones de persecución política y la investigación federal a dos casinos del grupo por presunto lavado de dinero.
En su posicionamiento, el Grupo Salinas insistió en que el caso ha sido politizado y que acudirá a instancias internacionales para combatir lo que califica como “cobros dobles, abusivos e ilegales”. El gobierno federal sostiene lo contrario: la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que “las deudas no se politizan, se pagan”.
La sentencia coincide con la estrategia oficial para evitar que grandes contribuyentes bloqueen sus pagos mediante amparos, línea que ya había iniciado la administración de López Obrador y que continúa bajo el nuevo diseño judicial, hoy dominado por perfiles cercanos al oficialismo.
El Grupo Salinas mantiene aún dos asuntos pendientes ante la Corte. Mientras tanto, el conflicto crece: el gobierno acusó este jueves al empresario de financiar protestas a través de jóvenes de la Generación Z; horas después, Sheinbaum respondió sin mencionar nombres: “Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas”.
