La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (2011-2017), fue vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ahora por más de 156 millones de pesos.
Tras casi 48 horas de audiencia, un juez de control resolvió el pasado 11 de septiembre que existen indicios suficientes para atribuirle responsabilidad en el caso. Esta segunda vinculación se dio luego de que Sandoval obtuvo un amparo que ordenó reponer la audiencia inicial, lo que en la práctica reabrió la puerta para volver a revisar la evidencia.
El exmandatario priista permanece preso desde 2021 en el penal de El Rincón, Nayarit, donde enfrenta diversos procesos por corrupción. Fue detenido en Nuevo León junto con su hija, acusados ambos de lavado de dinero.
La FGR confirmó que Sandoval seguirá bajo prisión preventiva justificada mientras dure el proceso, pero el caso refleja el tortuoso camino de la justicia en México: el exgobernador estuvo prófugo al término de su administración y sólo fue detenido tres años después, mientras que su defensa ha logrado retrasar los juicios mediante amparos y recursos legales.
El historial de Sandoval está marcado por acusaciones graves. En 2023, durante el juicio en EE.UU. contra Genaro García Luna, el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, declaró que Sandoval recibió financiamiento de grupos del narcotráfico, señalamientos que el exgobernador ha negado. Además, Estados Unidos lo sancionó desde 2019 por presuntos sobornos de los cárteles de los Beltrán Leyva y del CJNG, este último catalogado como organización terrorista por Washington en 2025.
En paralelo, Sandoval fue sentenciado el 9 de septiembre de este año por falsificación de documentos en otro proceso estatal, un recordatorio de que las acusaciones no se limitan a un único expediente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el papel de las autoridades mexicanas frente a los exgobernadores acusados de corrupción: procesos que se prolongan por años, sentencias que rara vez se traducen en reparación del daño y redes de protección política que suelen garantizar que los responsables de desvíos multimillonarios no enfrenten el mismo rigor que cualquier ciudadano.
