Ahora que el presidente Donald Trump amenaza con ampliar las redadas migratorias y desplegar a la Guardia Nacional, Chicago se ha convertido en el más reciente punto de fricción de una lucha nacional más extensa sobre hasta qué punto el gobierno federal puede presionar a las autoridades locales para que cooperen con su agenda migratoria.
Para el Departamento de Policía de Chicago, el desafío es severo. La fuerza debe preservar la seguridad pública en una ciudad ya bajo presión, y a la vez evitar dar la impresión de que trabaja codo a codo con las autoridades federales de inmigración, una postura que podría erosionar la confianza de la comunidad y provocar nuevas protestas.
Ese mismo acto de equilibrio lo han enfrentado otros departamentos de grandes ciudades en los últimos meses. Las policías locales de Los Ángeles y Washington, D.C. se vieron envueltas en tensos acuerdos con agencias federales que los expertos dicen generaron desconfianza en los residentes y, por momentos, socavaron la confianza pública en su policía.
Ahora, Chicago se encuentra en la misma situación con J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois, quien se opone a cualquier despliegue de la Guardia Nacional, y funcionarios municipales que se preparan para cómo esta mayor presencia federal podría transformar la dinámica en el terreno. El resultado, advierten expertos policiales, podría determinar si la policía de Chicago consigue mantener su credibilidad en las comunidades de inmigrantes que probablemente serán blanco de un presidente decidido a usar la fuerza.
“Lo que el gobierno de Trump está haciendo aquí es intervenir en la policía federal de tal manera que realmente resquebraja la unión de las relaciones entre la policía estatal y local y el gobierno federal, entre las comunidades y las fuerzas del orden”, explicó Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council (Consejo Estadounidense de Inmigración). “Ese tipo de enfrentamientos y prácticas contenciosas es lo que erosiona la seguridad pública”.
