Diputados reciben Informe de Actividades de la titular de la DDHQ

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En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la LVIII Legislatura, que preside la diputada Isabel Aguilar Morales e integran las legisladoras Herlinda Vázquez Munguía y Daesy Hinojosa Rosas, la presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, presentó el informe de actividades realizadas por este organismo, que comprende el período de enero a diciembre de 2017, en cumplimiento a la ley en la materia.

En esta sesión, se contó con la asistencia del presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, diputado Antonio Zapata Guerrero, así como de la legisladora Leticia Mercado Herrera.

Al hacer uso de la voz, la diputada Isabel Aguilar reconoció la capacitación que ha venido realizando la DDHQ, no obstante, expresó que su obligación específica es emitir recomendaciones, “hacer gestiones no es suficiente, necesitamos trabajar y emitir recomendaciones”. De igual forma se pronunció porque se realice un gran esfuerzo en la protección, “la promoción es importante, pero en la protección están los derechos de todos y cada uno de nosotros”.

La Dra. Ávalos Vázquez, en su intervención, informó que brindaron un total de 2,855 atenciones, las cuales corresponden a: 373 asesorías por medios electrónicos, 1897 asesorías presenciales, 178 gestiones y 407 quejas. Afirmó que de las quejas recibidas en el periodo que se informa, 53 dependencias fueron señaladas como probables responsables de violaciones a derechos humanos, y de ellas 5 son dependencias federales (con nueve quejas en total, las cuales fueron canalizadas a la CNDH); 30 corresponden a dependencias estatales y 18 a dependencias municipales.

La titular de la Defensoría mencionó que de las quejas radicadas en 2017, se señalaron 44 hechos violatorios, puntualizando que en las 407 quejas no sólo se presenta una sola violación, sino que pueden ser varias las conductas violatorias de derechos humanos, siendo las tres principales: la prestación indebida del servicio público, el empleo arbitrario de la fuerza pública y la violencia desproporcionada en la detención, entre otras. Asimismo, dio a conocer que de las 407 quejas radicadas en 2017, 257 fueron concluidas por diferentes causas, de ellas 15 concluyeron por acuerdos de responsabilidad; 1 por acumulación; 14 por conciliaciones; 20 por desistimiento; 2 por recomendaciones; 90 por no violación; 53 por resoluciones durante el trámite, entre otros motivos.

Roxana de Jesús Castellanos expresó que con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que han sido emitidas por la DDHQ a diversas autoridades en el estado, actualmente se da seguimiento a 7 de estas, de las cuales seis fueron emitidas en la gestión anterior y una en la presente gestión, mismas que han sido cumplidas parcialmente y dijo que están en espera de que las acciones administrativas y penales iniciadas se agoten, para en su caso, poder deslindar responsabilidades pertinentes, por lo que se está al pendiente de que las instancias competentes concluyan con los procedimientos iniciados e informe sobre su resultado, “teniendo un avance de cumplimiento aproximado de un 80% de su totalidad”.

Asimismo, dio a conocer que en el año que se informa, la Coordinación de Atención a la Víctima atendió 198 casos y realizó 132 canalizaciones a otras instituciones cuando se requirió un seguimiento psicológico especializado. Informó también que realizaron 240 visitas e inspecciones a albergues infantiles, guarderías, escuelas, anexos, centros de salud, casas de residencia para adultos mayores, centros de reinserción social, ceresos y cárceles municipales. De igual forma dijo que se destacan las atenciones brindadas a zonas de concentración indígena y comunidades aledañas, en donde mencionó que se mantuvo cercanía con grupos vulnerables, atendiendo y asesorando inquietudes de los mismos.

Resaltó igualmente las condiciones observadas, derivadas de las supervisiones realizadas a centros de rehabilitación conocidos como “anexos”, “percibiendo en su generalidad, falta de conocimiento por parte del personal que se encuentra a cargo de los mismos, respecto a la aplicación de tratamientos en materia de adicciones, así como deficiencias en las instalaciones, lo que provoca en conjunto una seria de problemáticas en materia de salud pública, ya que no cumplen con el fin para el que fueron creados, resaltando la falta de regulación legal para la operación de los mismos”.

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